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Demandan a un ciego por descargar un pelicula porno

Hay veces que no sé si reír o llorar con algunas acusaciones de los defensores del copyright. Algunas persecuciones carecen del mínimo sentido común, convirtiéndose en una auténtica cacería. Dentro del juicio masivo contra 200 mil usuarios de BitTorrent, hay un caso que llama la atención por rayar en lo absurdo: la acusación contra un hombre ciego por haberse descargado una película pornográfica.

La historia es un tanto inverosímil: en mayo, un hombre en California recibió una carta por parte de Comcast, su proveedor de Internet. En esta misiva, el ISP le comunicaba que la empresa Imperial Enterprises había entablado una demanda en su contra bajo el delito de descargas y compartir contenido de forma ilegal. El título en cuestión era Tokio Cougar Creampies, un filme porno. Sin embargo, hay un pequeño detalle que no cuadra: el demandado es legalmente ciego.

Claro que su discapacidad visual no le impide per se el consumo de pornografía, pero es cierto que suena un poquito disparatado. Según explica, él está incapacitado para ver cualquier filme; y en su casa, sólo sus dos hijos —de cuatro y seis años— consumen películas. Como podemos ver, las posibilidades de que él haya descargado el vídeo son mínimas. De hecho, de lo único que es culpable es de haber dejado abierta su red inalámbrica.

Según su testimonio, debido a que trabaja casi todo el día, le pidió a su esposa que comprar un router inalámbrico. Cuando lo instalaron, no le pusieron contraseña porque habitan en un edificio de lujo y pensaron que nadie se colgaría de su Internet. Error. Algún vecino debió usar su red para descargar el filme y los que ahora sufren las consecuencias son ellos.

Por supuesto, su caso tiene posibilidades de éxito, pero el hombre ha decidido no arriesgarse. Como tantos de los demandados, prefiere no meterse en más líos legales y pagarle una indemnización de un par de miles de dólares a la productora. Aún a sabiendas que no ha cometido ningún crimen, esta persona prefiere arreglarlo ahí, básicamente porque tiene el mismo (o más) costo contratar a un abogado para que apele, y sin garantías de tener éxito.

Al parecer, la industria no termina de comprender que no somos direcciones IP. Su mecanismo de perseguir y castigar se basa en la idea de que somos nuestra conexión, cuando hay muchas posibilidades de que alguien más la utilice sin nuestro consentimiento. Lo peor es que su táctica de intimidación funciona tan bien que ni siquiera los inocentes ven posibilidades de defensa. ¿Cuántos de los 200 mil acusados de BitTorrent estarán en una situación similar? Yo creo que no son pocos.

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